Este es el caso de Calvià y de Málaga. 2007. No se puede, por ejemplo, pensar que se podrá seguir explotando un determinado banco de pesca si no se sigue una estrategia racional, consistente en adaptar el volumen de capturas a su capacidad de reproducción y evitar que se capturen ejemplares muy jóvenes. �V���Ѽ�`�w�LNS�u�hPc��l�O�R�����0:���Z�Wx��^Sx4�_�&ܤ_N�*�@�U��-�K��/�f�p�����( Este daño afecta a bienes de titularidad diferenciada, es frecuente y ha presionado a los involucrados a reclamar la aplicación de criterios foráneos a fin de cubrir la insuficiencia del marco jurídico nacional, como es el reconocimiento del “criterio de la probabilidad” en materia ambiental15, en función de abandonar la vieja doctrina del “criterio de necesidad”, o el uso de las presunciones de causalidad que conduzcan a un resarcimiento adecuado de este tipo de daños, puntualizando en la restricción del régimen de exenciones de la responsabilidad jurídica civil vigente, dotándolo de un nuevo alcance. El resultado de esto es que los derechos e intereses de los pueblos indígenas, a menudo son subordinados al interés de la mayoría, generando conflictos, muchas veces violentos, o en el peor de los casos la extinción del recurso común. Desde la visión jurídica, la gestión ambiental corresponde principalmente al Estado, como una derivación de la función que cumple en materia de desarrollo. Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères. 96A partir de esta constatación es que se concluye que la “política pública ambiental” ha sido reducida a la sola dimensión formal de establecer requisitos legales para legitimar el proceso extractivo, y además convertida en instrumento que coadyuve a la legitimación social para evitar desequilibrios de poder entre actores regionales, o neutralizar o activar conductas político-ambientales a favor o en contra del proceso extractivista petrolero. 45La gestión ambiental en el área protegida está marcada por un sesgo excluyente que no coadyuva a un ordenamiento territorial sustentable, tampoco a la gobernanza ambiental. 100Sin embargo, los pueblos indígenas y otros actores sociales desde una perspectiva intercultural pretenden que la problemática del parque Yasuní no se circunscriba a determinados sectores de la población. Desde esta perspectiva, la ley debe regular el establecimiento de un sistema, conforme lo prescribe la Carta Magna. 97La doctrina política liberal establece que los negocios gobiernan más que los gobiernos (Santos 2000), en el negocio petrolero ecuatoriano el Estado aparece como siervo de las corporaciones multinacionales, más aún, en el parque Yasuní el Estado está ausente y la construcción del espacio está en manos de los actores hegemónicos. El Estado tiene la autoridad para establecer áreas protegidas en nombre del “interés público”, sin embargo, las actividades estatales en este aspecto no son consecuentes con las normas internacionales de derechos humanos, y que exigen un proceso claro y participativo que tome en cuenta la debida consideración de varios factores. 59De lo expuesto se deduce que en el Ecuador apremia la adopción del sistema de responsabilidad extracontractual objetivo (common law), y ello implica reformas a la legislación nacional que trastoquen la base de la tradición jurídica romanista (sistema de responsabilidad civil extracontractual subjetivo18) en función de adoptar los instrumentos del common law, conforme avanza el proceso de modernización legal y que en gran parte ya es un hecho en materia laboral y penal a partir de la reforma constitucional de 1998. 41El “Plan ambiental ecuatoriano” (en Kenber 1999) comprende cuatro objetivos: formular e implantar un conjunto coherente de políticas ambientales sectoriales, a través de las cuales se impulse el ordenamiento de las actividades, para lograr, en cada caso, el tratamiento simultáneo de lo social, lo económico y lo ambiental, y con ello el desarrollo sostenido del país; realizar diagnósticos de la situación ambiental, identificación de los principales problemas y causas, y propuesta de políticas y estrategias sectoriales para diversos campos estratégicos de la gestión ambiental; formular y promover la ejecución de un conjunto de proyectos estratégicos que permitan la real y efectiva aplicación de las políticas básicamente ambientales; formular y promover la implantación de un conjunto mínimo de programas ambientales básicos, que permitan la aplicación de las políticas y estrategias sectoriales. Este último ejecuta de manera directa actividades de control ambiental, a través de la Subsecretaría de Protección Ambiental y la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA), aduciendo razones de carácter sectorial. Cf. El gobierno central ha sido el principal y casi único responsable de la conservación del banco genético y otros bienes y servicios ambientales. 15 El “criterio de probabilidad” hace alusión a las consecuencias inmediatas según el curso natural y ordinario de las cosas con una probabilidad razonable de que sucedan. Dicha carta recomienda la implantación de Agendas 21 en todas las ciudades europeas como estrategia para la sostenibilidad. La carrera de Psicología de Universidad Siglo 21 de la sede Río Cuarto desarrolló el jueves 4 de abril una disertación sobre "Desarrollo Humano y Diversidad" a cargo de la Mgtr. endstream endobj startxref Este proceso está condicionado por la gran concentración de energía en los centros urbanos, y se detendría, sólo si las sociedades periféricas fuesen capaces de retener la suficiente energía como para equilibrar las relaciones de poder desiguales que permiten el funcionamiento de este sistema (Bunker 1988; Vallejo 2003: 16). 26Cuando el recurso común se convierte en recurso de libre acceso para la totalidad de la humanidad, se desata la tragedia que advierte Garrett Hardin (en Bontems y Rotillon 2000: 18). En estas legislaciones, el daño es el elemento de referencia del sistema resarcitorio, al contrario del sistema romanista y latinoamericano donde la culpa es la protagonista, quedando sentado un sistema unificado de reparación con independencia de la génesis del deber violado que la origina (Narváez Álvarez 2006: 67), quien fundamenta que el deber resarcitorio es una figura independiente a la de la culpabilidad, y para que proceda la indemnización a causa del daño producido por la incursión en actividades de riesgo, no se requiere la existencia de un delito, ni siquiera la ejecución de un acto civilmente ilícito, pues lo único que debe probarse es que el daño existe, así como la relación de causa a efecto, y que no hayan causales de defensa. Porque como se ha expresado, para el Estado es de prioridad estratégica la explotación petrolera a partir de los requerimientos económicos para la conformación del presupuesto general del Estado. En este sentido, verificado el alto grado de vulnerabilidad de su ubicación geográfica en áreas de extrema sensibilidad ecológica, resulta clara la necesidad de combinar estrategias de desarrollo socioeconómico con identidad, con estrategias de conservación biológica. Las normas y criterios de la industria son impulsados por necesidades e interes particulares de las compañías petroleras y no por los intereses del público. Prefieren el espacio reticular (más importante), peto su influencia alcanza también los espacios banales (comunes) más escondidos. En estas legislaciones el daño es el elemento de referencia del sistema resarcitorio, al contrario del sistema romanista y latinoamericano donde la culpa es la protagonista, quedando sentado un sistema unificado de reparación con independencia de la génesis del deber violado que la origina (Narváez Álvarez 2006: 67). 21 Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, en Francia. 2. En las evaluaciones revisadas, ni en los informes de auditorias dispuestas por la autoridad pública constan datos al respecto, lo que refleja la inexistencia de estos impactos o el carácter reservado de la información. El IV congreso mundial de parques (Caracas, 1992), recomendó a la UICN que elabore un sistema de vigilancia de la eficacia de la gestión de aquellas áreas. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. (Eds.) 79 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[<7DB12B064FEB7C4E8171F4AEFE37A088><49EEA6B21A990D41A9C05E12B5A68F7E>]/Index[59 49]/Info 58 0 R/Length 103/Prev 148721/Root 60 0 R/Size 108/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream Este sistema no ha sido institucionalizado, pero cuerpos legales expedidos después de las reformas constitucionales de 1998, lo hacen constar como tal, por ejemplo el Reglamento especial de turismo en áreas naturales protegidas (Registro Oficial No. Cardona invitó a reflexionar sobre la diversidad desde una ampliación democrática de nuestras miradas a las libertades humanas, a los distintos estilos de vida, conocimientos y modos de pensar de los sujetos, de las comunidades diversas. En consecuencia el concepto ordenador de la economía mundial que postula el neoliberalismo se basa en unos mercados globales lo más abiertos posible, en unos “Estados nacionales mínimos” y en un marco regulador “débil” de tipo multilateral que aseguren el libre comercio, la libre circulación de capitales y los derechos patrimoniales. Ese territorio es suyo, antes aún que fuera del Estado. El artículo 86 de la Carta fundamental prescribe que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Acción Ecológica (1998); Maldonado y Almeida (2006). 54Toda esta calamidad fáctica ha hecho conveniente la revisión de la estructura del deber resarcitorio por daños ambientales, y la adopción y utilización del sistema de responsabilidad civil extracontractual objetivo, propio del common law. Problemas de la gobernanza ambiental en el Ecuador. (Cabodevilla 2006). 22Esta situación se agrava por el hecho de que el Ministerio del Ambiente actúa subordinado a instituciones públicas de control operativo petrolero con mayor peso político, como es el caso del Ministerio de Energía y Minas. Tercer Foro Mundial del Agua. El artículo 23.6, dispone la obligación de garantizar a las personas “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. La Ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente”. 9 Cf. Cambian de nombre a algo y, eso mismo, les parece ya otra cosa. Sobre esta base, se ha tratado de establecer las lógicas del desarrollo en relación con las políticas de conservación. 1.Tecnicatura Universitaria en Diseño y Animación Digital, 2.Especialización en Marketing y Dirección Comercial, 4.Tecnicatura en Investigación de la Escena del Crimen, Copyright 2016 - Universidad Siglo 21. 18Por otra parte se establece la obligación de aplicar la consulta previa a toda decisión estatal que pueda ocasionar impactos sobre la diversidad biológica del país, o a proyectos que afecten a los recursos naturales o a la diversidad cultural en territorios indígenas y afroecuatorianos. <>/Metadata 445 0 R/ViewerPreferences 446 0 R>> 6La constatación del colapso del modelo de conservación y gestión ambiental en el Yasuní constituye la parte final de la investigación, y la forma de cómo se expresa la crisis de dicho modelo tiene diversos fundamentos que van desde la existencia de una especie de mutualismo empresa-comunidad, la desterritorialización de los espacios indígenas, la inequidad y exclusión social como productos del proceso hidrocarburífero, la hegemonía estatal en la organización del espacio y la falta de una clara política pública respecto a los derechos colectivos; lo que permite evidenciar la necesidad de impulsar un “contrato natural”.2. La incidencia de la pobreza es más fuerte en las zonas rurales (77%) y en las poblaciones indígenas (78%) y afro-ecuatorianas (más del 70%) [...] Los pueblos indígenas, las comunidades afro-ecuatorianas y las mujeres son los más afectados por la falta de oportunidades. Cuadro 1). España. 63Conforme se ha expresado, con la anuencia del Estado las empresas adoptan lo que mejor convenga a los objetivos empresariales, no siempre compatibles con los objetivos (humanos) de la comunidad. Sin embargo, en la práctica las autoridades del Ministerio del Ambiente y los abogados ambientalistas concuerdan en que existen pocas oportunidades reales para la participación local en el desarrollo de leyes ambientales, al igual que en la identificación del “interés público” en temas ambientales. Es decir, por cuanto para los parques nacionales había tutela constitucional, legal que prohibía la extracción de recursos naturales, había que encontrarse una modalidad que estuviera exenta de dicha prohibición, y ciertamente los territorios indígenas carecían de esa tutela, en consecuencia en éstos sí era viable la explotación de hidrocarburos (Narváez 1996; 1999: 56). Otro aspecto fundamental constituye el disponer de mecanismos de apoyo para el uso, la conservación y el manejo sustentable de los bosques naturales y plantados, pero en general se define una política de incentivos al desarrollo de actividades productivas sustentables, y el fomento del uso sustentable de la biodiversidad con estudios y planes de manejo que permitan una gestión eficiente. Por ejemplo, se ha legislado para favorecer la inversión transnacional petrolera, haciendo diversas concesiones y adecuando el proceso extractivo a los intereses eminentemente crematísticos transnacionales y del Estado, viabilizando la explotación en áreas protegidas y aceptando prácticas ambientales con modestos requisitos técnicos y legales. Contienen los planes de manejo ambiental, que contienen la descripción de las actividades que se deberán implementar con el fin de evitar impactos, mitigar daños producidos o restaurar.6 La legislación pertinente, además contempla la obligatoriedad del cumplimiento de dichos instrumentos por medio del mecanismo contractual, que se sustenta en el principio de que el contrato es ley para las partes (pacta sunt servanda), contenido en el artículo 1561 del Código Civil. 89En todo caso los pueblos huaorani, Tagaeri y Taromenane, a partir de su situación crítica y con la muerte de varios de sus miembros evidencian y reclaman que el modelo de desarrollo occidental es inhumano, depredador de los recursos naturales y culturales del país, y ofrecen un mensaje poderoso en términos de supervivencia ante condiciones de extrema adversidad y opresión. “Plan de manejo del parque nacional Yasuní”. Este es un dispositivo de manejo de conflicto que coadyuva a la crisis de gobernabilidad regional y gobernanza ambiental en el parque Yasuní y el territorio huao. 2007. Con el largo y difícil proceso de descolonización se establecieron relaciones de explotación más sutiles y perversas, pero no menos eficaces. Las instituciones jurídicas devienen de ella y conforme al artículo 272, prevalece sobre cualquiera otra norma legal. 1En 1993, con oportunidad del primer congreso ecuatoriano sobre el medio ambiente, se establece la base de la gestión ambiental que gira en torno a cinco áreas estratégicas: la diversidad biológica, las áreas naturales protegidas, los bosques y la deforestación, los recursos costeros y los sistemas ecológicos importantes. La Agenda local 21 lo que persigue es el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de la búsqueda del equilibrio entre: En realidad, la Agenda 21 de un municipio no es más que un documento que recoge, de forma ordenada, ideas y medidas para alcanzar el desarrollo sostenible del municipio. 56La recomposición colectiva, junto a la reparación patrimonial (daños y perjuicios) forman una reparación integral a un bien ilegítimamente afectado y un derecho violentado sin justificación. No se trata solamente de mitigar los impactos o de remediar los daños mientras la empresa sigue aprovechando del crudo, sino que debe prohibirse toda nueva actividad exploratoria o de desarrollo en áreas protegidas. Cabe tener en cuenta que, hasta el 2005, de estos campos se extraía el 73% del petróleo estatal. ��ܵ�L��Q�[ Oq-g 16Hacia 1993 (año del primer congreso ecuatoriano sobre el medio ambiente) se definieron las políticas sectoriales (económicas y sociales) que tenían impacto sobre lo social y áreas protegidas: económicas: aprovechamiento de recursos naturales (petróleo, minería, forestales, pesca, agricultura, turismo); sociales: con énfasis en las políticas para pueblos indígenas, y en las de participación social y descentralización7. En este sentido, los entes públicos competentes no controlan que realmente se asuma la tecnología de punta ofrecida por las empresas y tampoco que se apliquen en forma eficaz los sistemas de gestión ambiental estandarizados. Cuadro 1. ¿Qué es el desarrollo sustentable y por qué se volvió tan popular en el discurso político de fines del siglo 20? Con esta reforma se creó el contrato “de participación”, según el cual las empresas petroleras asumen el riesgo de sus inversiones, costos y gastos que implica el proceso extractivo. 44La gestión ambiental (planificación) para el sector hidrocarburífero tiene que ser correspondiente a la importancia económica del recurso energético; y la importancia política ha de reflejarse en la dotación de instrumentos técnicos, jurídicos, económicos y sociales viables para la gestión ambiental en el parque Yasuní y el territorio huao. La percepción de sectores como la comisión de observadores científicos internacionales, ONG ambientalistas como Ecociencia, Acción ecológica y Oilwatch es que, en sólo 20 años – debido a la actividad extrativa – el parque Yasuní y el territorio huao están pasando a un estado de deterioro ambiental sin precedentes. Estos estudios constituyen parte de la planificación ambiental, permiten visualizar los posibles impactos del proceso petrolero y contienen las medidas técnicas aplicables de prevención y mitigación, incluyendo la referencia de las normas legales e instituciones públicas involucradas en el cumplimiento o control de dichas medidas. 92La gobernanza global, la cooperación internacional y la coordinación de las políticas económicas son indispensables, pero no para diseñar mercados globales y corregir su dinámica con criterios sociales o ecológicos, sino para establecer normativas económicas mundiales que aseguren los derechos de propiedad, el libre acceso a los mercados y el nivel más bajo posible de intervención estatal, de regulaciones y “distorsiones” del mercado. Esta conducta es un lastre que se arrastra a lo largo de la historia, recuérdese que en una primera fase, la dominación colonial permitió el verdadero saqueo, de las riquezas de los países sometidos, sin ningún límite.19. No se explica de otro modo cómo es que se fue ampliando la frontera extractiva en el parque Yasuní y el territorio huao, hasta llegar al nivel actual de impactos negativos irreversibles que configuran delitos, como el de lesa humanidad, en el caso de la muerte violenta de grupos de personas de los Tagaeri y Taromenane a partir del incremento de las actividades de extracción petrolera y maderera en su hábitat. No en vano, esta última ciudad fue distinguida con uno de los diez premios a las mejores prácticas mundiales otorgado por la Organización de Naciones Unidas. 101Touraine (1997: 305) resalta que la acción humana ya no puede ser animada por la confianza en un progreso sin fin, sino por la conciencia de las amenazas que pesan sobre la supervivencia de la humanidad, y en particular la necesidad de salvaguardar la diversidad de las especies y culturas en vez de reemplazarlas por la unidad de una economía global. Vous pouvez suggérer à votre établissement et à la bibliothèque que vous avez l'habitude de fréquenter de souscrire un abonnement à OpenEdition Freemium.N'hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées :contact@openedition.orgOpenEdition (Cléo)c/o École centrale de Marseille – Technopôle de Château-Gombert38 rue Frédéric Joliot-Curie13013 Marseille Cedex 20Vous pouvez également nous indiquer à l'aide du formulaire suivant les coordonnées de votre établissement ou de votre bibliothèque afin de nous permettre de leur fournir des informations au sujet d'OpenEdition et de ses offres d'abonnement. Pero este hecho no garantiza que la gestión sea óptima, simplemente verifica el cumplimiento de una formalidad y delata la necesidad de su fortalecimiento a partir de visiones consensuadas y sustentadas en parámetros técnicos, antes que de otra índole. Luego, se evidencia cómo las contradicciones y superposiciones legales condicionan las políticas de conservación que se aplican en el parque Yasuní y el territorio huao, hasta el punto de generar conflictos que no pueden ser manejados por la institucionalidad pública. De hecho y aunque son algunos los municipios españoles que las han implantado, no se muy bien si con mucho o poco acierto, son solo unos pocos los que destacan por la correcta puesta en funcionamiento de sus Agendas 21 locales y por haber obtenido conclusiones. El propósito de este ensayo es demostrar que el concepto del desarrollo humano sostenible está relacionado al desarrollo de nuevos paradigmas científicos, lo que le da una excelente base de epistemológica. Y es urgente reconocer, rescatar, preservar y fortalecer el patrimonio cultural y natural del pueblo huao y de los clanes Tagaeri y Taromenane, que como un elemento clave de sus propias estrategias han desarrollado su identidad aportando sobremanera a la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentan. Menos del 9% de las viviendas tenían acceso a una red de alcantarillado (39,5% para el país). �cm��T��3�����$˨u�:ۤ�X�i�f_;��dʽc;�;:4:�::��:::8::�4�0���bQ�H0� ��b(/ss6�S=�V�ULטJ�z108�`���hØ�pU|2������bA. Menos del 40% tenían acceso al servicio eléctrico (77,7% para el país). 22 Por las razones expuestas, algunos actores consideran que las operaciones en los campos petroleros en áreas protegidas deben concluir definitivamente. 98En ese sentido, la resignificación de la política de conservación del parque Yasuní parte del reconocimiento del pueblo huao como sujeto de conocimiento ancestral en interacción con un espacio de vida. Como resultado se suele confundir la opinión del sector petrolero privado con las normas jurídicas del Estado y, para los ecuatorianos que no entienden de donde provienen las normas ni como evolucionan, las normas de la industria están adquiriendo un manto de autoridad jurídica estatal y legitimidad que ofrece garantías engañosas en cuanto a la protección del ambiente. 2.1. Narváez Àlvarez constata que el sistema de responsabilidad objetiva es el fundamento del derecho de daños en el common law16 y que se ha ido extendiendo a partir de la incursión en las denominadas actividades de riesgo y de la radicación de empresas denominadas “transnacionales” en territorios que mantienen el sistema jurídico romanista, y que frente a problemas jurídicos que se desataban en el curso de sus operaciones, amparadas además en los principios del derecho internacional privado, exigían la aplicación de la normativa de su país de origen (Narváez Álvarez 2006: 66). Problemas de la cooperación institucional: el caso del ... Políticas de conservación y gestión ambiental en el parque Yasuní, Eficacia de la gestión y legislación ambiental como objetivo público, Políticas de conservación y gestión ambiental en áreas protegidas, Políticas de conservación y legislación ambiental contradictorias, Normas y estándares ambientales globales que coadyuvan a la crisis del parque Yasuní y el territorio huao, El colapso del modelo de conservación y gestión ambiental y social en el Yasuní, Mutualismo empresa-comunidad o relacionamiento comunitario, Cómo se expresa el colapso del modelo de conservación y gestión ambiental, El Estado ecuatoriano y el desarrollo sostenible, El papel del Estado en la gobernanza global de la ecología mundial. Elaboración: Iván Narváez. Es de su pertenencia según la legislación nacional e internacional. 21 Cf. De esta manera, la Amazonia se convierte en una vasta región periférica donde se intercalan algunas “islas” que son eslabones primarios de cadenas productivas globales, o donde se ejecutan dramáticas muertes de personas pertenecientes a pueblos no contactados como en el caso de los Tagaeri y Taromenane, en la Amazonia ecuatoriana, a pretexto de la disputa de recursos o fortalecimiento identitario indígena. 1 El sistema de responsabilidad civil extracontractual objetivo rige en los Estados que se acogen al common law. 1, del 11 de agosto de 1998). El espacio se desterritorializa cuando pierde la dimensión política asignada por los pueblos que lo habitan (Ver supra, el acápite sobre el contrato natural). Desarrollo Sustentable Un nuevo enfoque del Desarrollo de las sociedades 2. �/ju�K )@d��Ṹ��S^fí��Ͼ��5��x�=K�_Z'%�X�WY�[-��q8�rJ6�AW��) ���G�KP`1��V|j!�kPԶ�����6`�-*��XY$�g?���C1��˟a�%����#}~�ֻ8Q� ���a�,�ؾ6��������[g�������v5dl|,V�̀�b��>PɼXV�����7XF����^����$����B Quito: mimeo. Narváez, I. 12 El término “no lugar” se lo asume como el espacio que ha perdido valor cuando el sujeto (pueblo) ha perdido el control y el poder sobre dicho espacio, y que por tal razón se ha convertido en un factor de producción -extracción- de bienes y servicios, totalmente distinto al significado que esos sujetos le dieron. 67Posteriormente se continuó reformando la Ley de hidrocarburos, y fue en el gobierno interinario de Fabián Alarcón, que se creó el contrato de “gestión compartida”, con el propósito de incrementar la extracción petrolera y maximizar la recuperación de sus reservas. 38Para Messner (2003), a usanza de lo que pasa con la economía globalizada, también sucede con el diseño de una arquitectura de gobernanza global de la ecología mundial, y este es el punto de partida para determinar qué actores son responsables de la política reguladora ambiental a escala global y qué patrones de gobernanza ambiental rigen, subordinados a la gobernanza global de la economía mundial. OpenEdition est un portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales. Uno de los objetivos de las reformas era, finalmente, lograr la transferencia de los grandes campos (Shushufindi, Sacha, Libertador, Cononaco) al capital transnacional. %PDF-1.7 %���� 71La explotación petrolera convirtió a la Amazonia ecuatoriana en un espacio más dinámico caracterizado por la interrelación compleja de múltiples actores, en el que se expresan intereses diversos que reflejan contradicciones superables, y hasta antagónicas entre hegemónicos (Estado, empresas), subalternos (pueblos indígenas, colonos) y estratégicos (organizaciones sociales, ONG), tamizadas por fenómenos socio-políticos internos y externos relacionados a la ampliación de la frontera extractiva petrolera, particularmente en los territorios cofán, siona secoya, quichua, huao, shuar, achuar, shiwiar, záparo y en áreas protegidas como Limoncocha, Cuyabeno, Yasuní, Napo Galeras. 20 El 23 de marzo del 2003, murieron 26 taromenane y según la Iglesia, en la zona del hecho los madereros siguen operando y el riesgo de que haya más muertes sigue latente. Cafferata 2002: 32). 11En los últimos años, el discurso insiste en la necesidad de la “evaluación de la eficacia de la gestión de las áreas protegidas” y particularmente del parque Yasuní, en función de lograr transparencia, un manejo participativo, una base más lógica para la planificación y asignación de recursos para la gestión. t�O�3V��R�-\NV�ӷs�f�8�8�&b5D&��8�N�:�d(i00q��U�d(�h�ע-���T]�3��oQ-o-��DJ�d��G$�#�%��.|p��7����( k�L. Además enfatizan que se debe proceder a la restauración de las áreas y que la restauración implica la recuperación ecológica total de manera que el área quede igual a lo que estaba antes de la operación petrolera. 6. 102Ya en lo concreto, las políticas neo-indigenistas de gestión del espacio que el Estado promueve en el parque Yasuní, además de otros aspectos que tienen relación a la territorialidad indígena y la redistribución de la renta petrolera, constituyen elementos que pueden acelerar o articular la crisis de gobernabilidad en el espacio amazónico, más aún, si los conflictos socioambientales se desarrollan en un contexto regional de pobreza endémica, de falta de integración del espacio al ámbito nacional, con débil capacidad empresarial privada e institucional pública para dar una respuesta eficaz a los desastres ecológicos y mucho menos a las demandas sociales.
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